¿A quién debe proteger el gobierno?


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Escribo el título y me surgen varias ideas para desarrollarlo que poco tienen que ver con lo que hoy me trae al teclado. Leyendo la portada de El Jueves esta mañana, se me viene la imagen de Rajoy atrincherado en el congreso detrás de un muro de sacos de arena. Está protegido por el gobierno y todo su partido para evitar su comparecencia y aclarar de una vez por todas la financiación de su partido, si es que puede. Pero trato de apartar esta imagen, bochornosa, de mi cabeza para centrarme en lo que hoy me preocupa. El gobierno central recurre ante el constitucional el decreto “antidesahucios” de la Junta de Andalucía y este lo suspende cautelarmente. De fondo el run run de la Comisión Europea preocupada por cómo puede afectar ese decreto al plan de rescate de los bancos. 

Este gobierno central, como los anteriores, son responsables de una legislación en materia de vivienda y desahucios que deja totalmente desprotegidas a las personas para centrarse en proteger los intereses de los bancos. Este gobierno, como los anteriores, son responsables de haber subvertido, y pervertido, el artículo 47 de la Constitución, el que establece el derecho a la vivienda y hace al estado garante de evitar la especulación con la misma. Este y los anteriores gobiernos que desde 1982 se han sucedido en el poder, son responsables de que la vivienda se haya convertido en mercancía en lugar de en derecho y, como tal, en objeto de especulación. Para ello liberalizaron el alquiler de la vivienda (Decreto Boyer (1985) del primer gobierno González), desprotegiendo a los inquilinos y empujándolos a pasar a ser propietarios hipotecados de los bancos. Liberalizaron el suelo para enladrillar todo el litoral y construir ciudades dormitorio en mitad de la nada, como el paradigmático caso de “El Pocero” (Ley del Suelo, Aznar 1998). Y juntos, crearon una legislación de desahucios express para poner en la calle rápidamente a quién no pudiera pagar su hipoteca o su alquiler, después de haber sido expulsados al paro. Sobre estas premisas, los gobiernos de España montaron el modelo de desarrollo económico y de financiación pública de España y sus administraciones, vía ingresos derivados de la industria de la promoción inmobiliaria y la construcción. Modelo insostenible que saltó por los aires arrasando nuestra economía y nuestro territorio, llevándose por delante el estado de bienestar, vaciando de contenidos las políticas públicas y expulsando al paro a millones de personas y dejando en la calle a centaneres de miles.

Por primera vez desde 1982 un gobierno, el andaluz, plantea un decreto sobre un aspecto parcial de la política de vivienda, para detener la sangría social de los desahucios, desarrollando combinadamente dos herramientas fundamentales de la constitución: el derecho a la vivienda y la función social de la propiedad. No es ninguna innovación, por cierto, pues basta revisar la historia para buscar antecedentes, pero hay que remontarse muy atrás, a los tiempos en los que el Estado tenía claro que tenía que ejercer una función social de protección allí dónde fallaba el mercado. Eso era antes de que el neoliberalismo se implantara globalmente como pensamiento único, es decir, sustituyendo al pensamiento. El caso es que la constitución establece un límite al derecho de propiedad: ha de cumplir su función social. Y una vivienda vacía no la cumple. El decreto “antidesahucios” establece mecanismos para detener procedimientos de desahucio vía expropiación temporal del uso de la vivienda. Cuándo una familia va a ser desalojada de su vivienda habitual y se va a ver expuesta a una situación de riesgo y vulnerabilidad, el gobierno puede iniciar un procedimiento para impedirlo basado en estos dos fundamentos constitucionales.  Así el gobierno protege a la gente frente a los bancos. Por eso llama poderosamente la atención que el gobierno del estado, siguiendo dictados del gobierno de Europa que a su vez los sigue del BCE, se erija en protector de los derechos, más allá de la constitución, de los bancos. Me temo que si el Tribunal Constitucional funciona le dirá al gobierno que si quiere declarar inconstitucional el decreto de la Junta de Andalucía tendrá que modificar dos artículos de la constitución. Es decir, para ajustar la política protectora del gobierno a los intereses de quiénes realmente protegen, para quitarse de una vez por todas la máscara y dejar bien claro y transparente que representan a los bancos, no a las personas, tendrán que cambiar la constitución.

 

 

Acerca de estebandemanueljerez
Candidato por Equo a las elecciones municipales de mayo Sevilla 2015. Soy profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla desde 1990. Estoy convencido del potencial que tiene la educación tanto para el desarrollo personal como para la transformación social y lo vengo practicando a través de proyectos de innovación que implican a estudiantes y profesores en problemas reales de la ciudad, trabajando con los ciudadanos para hacer afrontarlos. Así hemos colaborado con asociaciones de vecinos de La Bachillera, El Cerro del Águila, Su Eminencia, Padre Pío, San Luis-Alameda, Pajaritos,... (en Sevilla) y Jnane Aztout (Larache) para mejorar sus barrios con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. He puesto en marcha con otros compañeros asignaturas como Hábitat y Desarrollo, el Máster en Gestión Social del Hábitat y la Revista Hábitat y Sociedad. Dirijo el grupo de investigación ADICI (Aula Digital de la Ciudad). Soy miembro de Universidad y Compromiso Social y del Colectivo Universidad frente a la Crisis.

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