2013-2014: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos?

Según el discurso prefabricado del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, 2012 fue el año del ajuste, 2013 el de las reformas y 2014 será el de la recuperación de la confianza. Este discurso se sustenta en lecturas sesgadas de algunos indicadores mocroeconómicos que dan señales supuestamente favorables ignorando otros fundamentales que no lo son. Han crecido las exportaciones de nuestra economía aunque con altibajos. La destrucción de empleo durante el periodo de gobierno popular que ha incrementado el paro en más de un millón trescientos mil empleos, parece que se ha desacelerado en el último trimestre. La inversión internacional de fondos de inversión en nuestro país crece, lo cuál, según se mire, es más una amenaza que una buena noticia.

Me surgen dos preguntas que seguramente le surjan a muchos ¿Qué tiene que ver el diagnóstico del gobierno con la realidad que vivimos? ¿Qué horizonte de esperanza nos anuncia el gobierno? Una vez respondidas a estas preguntas, me gustaría plantear otro horizonte posible que me parece mucho más deseable.

Del diagnóstico del gobierno lo primero que hay que destacar son los indicadores en los que se apoya. Dos son económicos y uno social. No usan ningún indicador ambiental. Los indicadores relevantes, consensuados internacionalmente, para analizar la crisis socioambiental en la que nos encontramos, la Huella Ecológica y el Indice de Desarrollo Humano, son obviados sistemáticamente por el gobierno. Nuestra Huella Ecológica es 3,5 veces superior a la capacidad bioproductiva de nuestro territorio (Informe Planeta Vivo WWF 2012) y, pese a la crisis, sigue creciendo por la puesta en funcionamiento de las centrales térmicas alimentadas con carbón. Carecemos de datos para España del Índice de Pobreza Multidimensional, que mide las carencias de bienes básicos, vivienda, electricidad, agua, saneamiento y combustible para cocinar. Pero 2013, junto con el drama de los desahucios, nos traído a primer plano la pobreza energética que sufre un 12% de la población. Hablamos de personas que no tienen energía para iluminarse por la noche, para calentarse en el duro frío del invierno ni para cocinar alimentos. El índice que mide la desigualdad, el Gini, nos dice que España sigue siendo el país con mayor desigualdad social de Europa y que la desigualdad, que se disparó con la crisis, sigue creciendo. Estos indicadores no se tienen en cuenta sencillamente porque el objetivo de las políticas del gobierno no son ni reducir la pobreza ni equilibrar nuestra economía con la naturaleza.

Los indicadores económicos que usan son relevantes, eso sí, del futuro que dibujan para España en la economía mundial: ser el Este asiático de Europa. Basar nuestra competitividad en un mercado laboral homologado con los asiáticos en condiciones socioeconómicas y de derechos. Estos objetivos implícitos no se explicitan, no se someten a discusión ni a votación. Pero las políticas que se adoptan y los discursos que pretenden legitimarlas apuntan hacia ellos.

Desde el momento en que han cortado en seco el apoyo a la investigación, la innovación y el desarrollo, y que han cerrado la puerta a la energía renovable, sector estratégico para la nueva economía y en el que somos líderes mundiales en tecnología termosolar, está claro que sólo que jugaremos un papel de segundo orden que evite toda competencia con Alemania.

Las principales medidas llevadas a cabo para ello han sido la contrarreforma laboral, que precariza el empleo y vacía de contenido el derecho laboral, y las medidas orientadas a atraer a los fondos de inversión extranjeros. Para ello han puesto a España en venta a precio de saldo. Fue la salida sur coreana de la crisis provocada por la explosión de su burbuja financiera. Con una particularidad propia que la hace particularmente siniestra: están entregando las viviendas sociales de propiedad pública en régimen de alquiler, es decir habitadas, a manos de los gestores de fondos de inversión. Es una perversión en política de vivienda que amenaza con ampliarse a la rehabilitación de barrios.

¿De esta manera esperan realmente que se reduzca el paro hasta niveles aceptables? Teniendo en cuenta que partimos de 6 millones de parados y de que la competitividad a la que nos llevan precisa mantener bajos los salarios, la demanda interna seguirá siendo baja aunque se reduzca ligeramente el paro en sectores ligados a la exportación. La demanda interna es la que da vida a la pequeña y mediana empresa. Sin incremento del poder adquisitivo de los trabajadores no hay futuro para nuestras pequeñas y medianas empresas y tampoco generación significativa de empleo: es un círculo vicioso. Y por tanto, la única manera de resolver el problema que imagina el gobierno es mediante la «movilidad exterior” de la mano de obra. Pero ya estamos viendo cómo retornan nuestros emigrantes porque en Europa si encuentran trabajo son «minijobs». Nuestros emigrantes de hoy no van a traer las remesas que traían nuestros primeros emigrantes. Más bien están volviendo con frustración. El gobierno está llevando a nuestra población activa, especialmente a la juventud, a un callejón sin salida. Y su apuesta sigue siendo una apuesta que se lo juega todo a los vaivenes impredecibles de la globalización. Es una política insensata.

2013 será recordado como un año negro de contrarreformas y retrocesos que nos han llevado hacia atrás en el tiempo generando un lastre de altísimo coste para la sociedad. La contrarreforma educativa va en dirección opuesta a la educación que necesitamos y volverá a durar lo que dure este gobierno, lo cuál es ya de por si un despropósito. La «ley mordaza» encaja en un gobierno dictatorial pero es incompatible con una democracia. La contrarreforma de la ley del aborto vuelve a criminalizarlo dejando a las mujeres y a los médicos abocados a la ilegalidad y la clandestinidad. La contrarreforma eléctrica nos lleva en dirección opuesta a la política energética del futuro, basada en recursos renovables, distribuida, con alto grado de autoconsumo.

Frente a este panorama, la acción de gobierno en Andalucía tiene más oscuros que claros desde el momento en que el gobierno decidió asumir, sin confrontación, la política de recortes y se ve limitado a gestionarlos, con las consecuentes pérdidas en número y calidad de los empleos y, sobre todo, de calidad de los servicios públicos esenciales. Esta sumisión ha tenido como consecuencia que el gobierno andaluz se ha visto maniatado para poder poner en marcha una política que atacara el drama del paro en Andalucía que alcanza proporciones de alarma social. La principal luz del gobierno, el decreto antidesahucios, no va a poder verse corroborado en una política de vivienda efectiva por falta de ambición: no se han atrevido a generalizar el principio constitucional de función social de la propiedad para respaldar una política de alquiler social de la vivienda vacía.  Llevamos retraso en la puesta en marcha de una banca pública andaluza capaz de financiar a nuestra economía productiva y las inversiones necesarias en infraestructuras de transporte público sostenible y de rehabilitación de vivienda.

En 2013 hemos asistido a un cambio de presidente a presidenta de gobierno ante la carencia de ideas y de legitimidad del gobierno del presidente Griñán, lastrado por la corrupción de los EREs. Griñán no debió presentarse a las elecciones: nos ha hecho perder un tiempo precioso. Y la nueva presidenta y sus nuevos consejeros socialistas responden al llamado perfil “político”, es decir, son completamente ignorantes de los temas que deben gestionar. Así se entiende la contradicción entre discurso y acción de gobierno. Hablan de cambio de modelo productivo, cuyo pilar sería la transición de modelo energético hacia las renovables, y no han dicho nada ante la reforma eléctrica del gobierno cuándo más de siete comunidades autónomas la han recurrido ante el constitucional. Se han dado pasos positivos para declarar Andalucía Libre de prospecciones y explotaciones por fractura hidráulica y la Junta ha vetado el proyecto de convertir Doñana en un depósito de gas. Pero continúan las prospecciones de petróleo en el Mar de Alborán. Por último se anuncia la reapertura de la mina de Aznalcóllar, cuándo aún no se ha logrado que Boliden asuma la millonaria factura de reparación del desastre ambiental que provocó.

 

Andalucía y España podrían apostar por otras alternativas, que necesariamente pasan por la confrontación con la Troika, por la democratización de Europa para hacer posible la reorientación de su política económica, social y ambiental, a través de un nuevo pacto socioambiental, el Green New Deal o Pacto Verde. Europa está ante un dilema que la puede llevar a su desintegración o reconducir y convertir en punta de lanza de un futuro mejor basado en una democracia que de capacidad real de iniciativa y de decisión a la ciudadanía. Una Europa capaz de gestionar políticas de solidaridad, de cooperación, de equidad y equilibrio ambiental. Necesitamos una economía relocalizada, basada en los recursos renovables de cada comarca, de cada región, con mucho menos flujo de mercancías y de personas de un lugar a otro, dónde el equilibrio entre campo y ciudad van a jugar un papel nuevo y relevante para la consecución de un modelo territorial equilibrado. El futuro de Andalucía y de España pasa más que nunca, en 2014, por Europa. Próxima Estación Esperanza.

 

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