Hacia otra política de vivienda

(Artículo publicado en NOTON nº7. Otoño 2012.)

En un contexto de paro masivo y recortes salariales cada vez más familias no pueden hacer frente a sus hipotecas. Quinientas diecisiete familias al día son desahuciadas por iniciativa de los bancos y pasan bruscamente de estar incluidas en la sociedad a verse en una situación de extrema vulnerabilidad. A la pérdida de sus casas se suma la injusta carga de mantener una deuda con el banco por la mitad del valor por el que éste tasara su vivienda. La suma de miles de estas situaciones y el fracaso de multitud de promociones de viviendas en todas sus fases ha convertido a los bancos en la mayor inmobiliaria del país. Son propietarios de una de cada cuatro viviendas sin vender. Pero la pérdida de valor de este patrimonio inmobiliario estropea sus balances y suscita dudas en los mercados financieros que les cierran el grifo de los créditos. El anunciado rescate financiero de estos bancos, que acumulan 175.000 millones de euros en productos inmobiliarios desvalorizados o de dudoso valor, trae como condición, para mayor escarnio, la creación de un banco público malo que se haga cargo de todo lo que los bancos tienen y no quieren porque lastra su actividad. La adquisición de estos activos, llamados tóxicos, por el estado supondrá un incremento de la deuda pública por el mismo valor de esos activos. Y tras la modificación constitucional aprobada conjuntamente por socialistas y conservadores, devolver la deuda es prioridad sobre cualquier otra política de gasto. Es decir, el rescate traerá consigo mayores y  más drásticos recortes. El contraste entre el abandono a su suerte de los desahuciados y los rescates millonarios a los bancos que se han quedado con sus casas y han provocado la crisis es una de las mayores fuentes de indignación social.

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