¿Después de la declaración de emergencia climática qué?

Sevilla se sumó ayer a las grandes ciudades que han declarado la emergencia climática. Este gesto, de carácter simbólico, es necesario para movilizar a la acción. La declaración promovida por Adelante Sevilla a iniciativa de Equo Verdes Sevilla y Ecologistas en Acción y con el apoyo de Fridays For Future Sevilla, contiene tres componentes para hacerla efectiva: el primero una campaña informativa para dar a conocer a la población las razones por las cuáles estamos en situación de emergencia y qué podemos hacer para hacerle frente. La segunda, la puesta en marcha de un amplio proceso participativo para elaborar un Plan de Acción ambicioso que nos permita reducir un 7% anual las emisiones de CO2 e incrementar en un 7% anual el porcentaje de producción de energía renovable. En tercer lugar, crear un espacio de control y seguimiento independiente del gobierno municipal.

Junto a la puesta en marcha de estas medidas, que fueron aprobadas por todos los grupos municipales a excepción de VOX, (que niega las evidencias científicas y desoye los llamamientos en este sentido de líderes espirituales como el Papa Francisco), es necesario que el ayuntamiento tome medidas inmediatas que le permitan ganar credibilidad. Algunas de estas medidas, que estaban incluidas en la moción presentada por Adelante Sevilla y que han quedado fuera en el proceso de negociación, se pueden aplicar de manera inmediata sin esperar a que se redacte el plan de acción. Son medidas ya aprobadas previamente o de gran consenso, y cuya puesta en marcha permitiría resultados inmediatos en reducción de emisiones asociadas a la movilidad y en mejorar nuestro patrimonio arbóreo y por tanto su capacidad de ser un sumidero de emisiones.

En relación a la reducción de emisiones asociadas al transporte, en tanto se elabora un plan de movilidad sostenible para Sevilla que tenga proyección metropolitana, se pueden poner en marcha de manera inmediata las siguientes medidas:

1/ Re-implantación del derogado Plan Centro para restringir el tráfico de automóviles de no residentes. Esta medida tendría un fuerte impacto e iría en línea con las exigencias de la Unión Europea de que España delimite zonas de bajas emisiones en todas las grandes ciudades para mejorar la calidad del aire y mitigar así los problemas de salud.

2/ Implantación de la Ordenanza Sevilla Ciudad 30 km/h en el perímetro interior de la SE-30 y en todos los barrios periféricos de la ciudad para reducir las emisiones contaminantes y favorecer la prioridad de los vehículos no contaminantes en la calzada. Esta medida fue aprobada mediante una moción presentada por Participa Sevilla en el periodo anterior.

3/ Diseño e implementación de caminos escolares seguros para todos los colegios e institutos de la ciudad, para promover el acceso a los mismos, de forma segura y confortable, caminando, en bicicleta o con vehículos de movilidad personal no contaminantes. Sevilla pertenece a la red de ciudades que caminan, la red de ciudades educadoras y a Ciudades amigas de la infancia. Todas ellas promueven esta iniciativa.

4/ Desarrollo de las plataformas reservadas para el transporte público en toda la ciudad previstas en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado en 2006. Esta medida tendría un impacto positivo en el servicio incrementando la velocidad comercial y, por tanto, lo haría más competitivo como alternativa al coche.

Junto a estas medidas es imprescindible dar un giro a la gestión del arbolado de Sevilla. Precisamente ayer se aprobó una moción presentada por el Partido Popular en este sentido. Empecemos por atender los compromisos adquiridos y compartidos por todos los grupos de re plantar los alcorques y luego regar y cuidar los árboles.

Es mucho lo que podemos avanzar en poco tiempo en transición energética, con un decreto favorable al autoconsumo comunitario recién aprobado por el gobierno del estado. Pero hay que comenzar por conectar a la red las instalaciones del medio centenar de colegios que disponen de ellas sin ningún fruto por que aunque algunas llevan instaladas desde 2006 aún no están conectadas a la red.

Son medidas concretas cuya inmediata aplicación darían credibilidad a la imprescindible campaña informativa y a la apertura del proceso de participación ciudadana para elaborar el ambicioso Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible que venimos demandando desde 2016.

En cualquier caso, tanto para impulsar estas medidas inmediatas como el núcleo de la moción, urge pasar a la acción y crear un grupo motor del proceso, con participación de todos los grupos políticos que ayer aprobaron la declaración, y las entidades promotoras de la medida. Y no hay tiempo que perder.

Es preciso detener el decreto de regularización de las viviendas y las urbanizaciones ilegales

El pasado día 10 de enero la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, presentó el Decreto que regula y clarifica la situación de viviendas construidas en suelo no urbanizable. Se trata de cerca de 300.000 viviendas en mil urbanizaciones ilegales. Espero que la Consejería haga público un informe detallado sobre esta situación, que ubique las urbanizaciones ilegales en el plano para que todos podamos conocerlas y para que podamos comprender también la diversidad de situaciones y las distintas consecuencias de las distintas situaciones de ilegalidad. En esta situación nos encontramos casuísticas muy diferentes. Hay viviendas aisladas en el medio rural, viviendas diseminadas en suelo agrícola productivo, ligadas a vivienda de hortelanos, urbanizaciones dónde domina la segunda residencia en el medio rural, en parques naturales y en las costas y viviendas ubicadas en situaciones de riesgo ante desastres naturales anunciados (las que vemos inundadas periódicamente o arrasadas por torrentes cuando  hay lluvias torrenciales). Pero lo primero que uno se pregunta es cómo una sociedad democrática y con estado de derecho ha propiciado, consentido, hecho la vista gorda o favorecido esta situación de ilegalidad que crea agravio comparativo con quiénes actúan dentro de la legalidad. Es preciso delimitar responsabilidades y exigir que sean asumidas. Nada de esto se percibe sin embargo en el decreto. Y la razón es obvia. La principal responsable política de esta situación es la propia Junta de Andalucía, que tiene competencias  urbanísticas y de ordenación del territorio desde 1984. Y en este caso la responsabilidad es nítidamente del PSOE, partido que ha gobernado la Junta de Andalucía desde su inicio. Habría que preguntarle a la Consejera cuántas de estas 300.000 viviendas se han construido desde que la Junta asumió estas competencias y por qué no ha aplicado las herramientas legales de las que ella misma se ha dotado para hacer cumplir la ley. Esta responsabilidad de la Junta es compartida por los municipios en los que han surgido las  urbanizaciones ilegales, gobernados, ahora sí, por un amplio espectro de partidos políticos de todos los colores. Algunos, como señaladamente el Ayuntamiento de Vejer, no sólo ha consentido estas urbanizaciones ilegales en su litoral, no sólo no han tomado medidas para protegerlo, sino que promueven ellos mismos su destrucción salvaje, con operaciones como la macro urbanización del Palmar, al tiempo que urbanizan y asfaltan, a costa de los contribuyentes, las urbanizaciones ilegales, superando, en conjunto, todos los límites del despropósito en la administración de la cosa pública. Leer más de esta entrada

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