Sevilla Necesita un Plan Municipal Participativo de Vivienda

Rehabilita Alcosa

 

Sevilla Directo publica el 17/03/2015 este artículo de opinión

Los dos grandes problemas sociales de Sevilla están vinculados entre sí: el paro y la vivienda. Y las políticas municipales de las últimas décadas se han mostrado ineficaces para resolver ambos. Vamos a analizar qué ha fallado y qué podemos hacer para resolver el problema, dando giro a la situación pese al contexto económico tan difícil marcado por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el gobierno del Partido Popular. En el artículo publicado el 17/03/2015 en Sevilla Directo expongo las ideas fuerza para un giro copernicano en las políticas municipales de vivienda centrado en la intermediación para la gestión de las viviendas vacías y la rehabilitación.

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La ley de rehabilitación: ¿oportunidad o amenaza?

niñas asomadas a una ventana. Barrio de Pajaritos (Sevilla)

La Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, aprobada el pasado día 21 de mayo de 2013, pertenece a ese tipo de leyes cuya sustancia no aparece tanto en sus objetivos declarados, en lo se que  hace pública de ella, como en los objetivos no declarados y que permanecen fuera de los focos de atención. Leyendo sus objetivos y las declaraciones públicas de la ministra de Fomento, Ana Pastor, se nos induce a pensar que es una ley con una clara orientación social y ecológica. Pretende mejorar la accesibilidad, seguridad y eficiencia energética de las viviendas, para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, al tiempo que nos acerca a cumplir los compromisos de reducción del consumo de energía y mejora de la eficiencia energética de aquí a 2020. Objetivos que lógicamente compartimos. Y ciertamente la ley prevé ayudas para estas obras de las que se pueden beneficiar las comunidades de propietarios que acuerden emprender acciones rehabilitadoras, siempre y cuándo la dotación presupuestaria para las ayudas sea suficiente. El problema aparece cuándo las obras rehabilitadoras no son emprendidas por las comunidades de forma voluntaria sino cuándo son impuestas como obligatorias. Y aquí es dónde está el núcleo de la ley y su potencial amenaza.