Es preciso detener el decreto de regularización de las viviendas y las urbanizaciones ilegales

El pasado día 10 de enero la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, presentó el Decreto que regula y clarifica la situación de viviendas construidas en suelo no urbanizable. Se trata de cerca de 300.000 viviendas en mil urbanizaciones ilegales. Espero que la Consejería haga público un informe detallado sobre esta situación, que ubique las urbanizaciones ilegales en el plano para que todos podamos conocerlas y para que podamos comprender también la diversidad de situaciones y las distintas consecuencias de las distintas situaciones de ilegalidad. En esta situación nos encontramos casuísticas muy diferentes. Hay viviendas aisladas en el medio rural, viviendas diseminadas en suelo agrícola productivo, ligadas a vivienda de hortelanos, urbanizaciones dónde domina la segunda residencia en el medio rural, en parques naturales y en las costas y viviendas ubicadas en situaciones de riesgo ante desastres naturales anunciados (las que vemos inundadas periódicamente o arrasadas por torrentes cuando  hay lluvias torrenciales). Pero lo primero que uno se pregunta es cómo una sociedad democrática y con estado de derecho ha propiciado, consentido, hecho la vista gorda o favorecido esta situación de ilegalidad que crea agravio comparativo con quiénes actúan dentro de la legalidad. Es preciso delimitar responsabilidades y exigir que sean asumidas. Nada de esto se percibe sin embargo en el decreto. Y la razón es obvia. La principal responsable política de esta situación es la propia Junta de Andalucía, que tiene competencias  urbanísticas y de ordenación del territorio desde 1984. Y en este caso la responsabilidad es nítidamente del PSOE, partido que ha gobernado la Junta de Andalucía desde su inicio. Habría que preguntarle a la Consejera cuántas de estas 300.000 viviendas se han construido desde que la Junta asumió estas competencias y por qué no ha aplicado las herramientas legales de las que ella misma se ha dotado para hacer cumplir la ley. Esta responsabilidad de la Junta es compartida por los municipios en los que han surgido las  urbanizaciones ilegales, gobernados, ahora sí, por un amplio espectro de partidos políticos de todos los colores. Algunos, como señaladamente el Ayuntamiento de Vejer, no sólo ha consentido estas urbanizaciones ilegales en su litoral, no sólo no han tomado medidas para protegerlo, sino que promueven ellos mismos su destrucción salvaje, con operaciones como la macro urbanización del Palmar, al tiempo que urbanizan y asfaltan, a costa de los contribuyentes, las urbanizaciones ilegales, superando, en conjunto, todos los límites del despropósito en la administración de la cosa pública. Leer más de esta entrada

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