Principios para una nueva ley electoral justa y equitativa

La actual ley electoral ha puesto de manifiesto,  una vez más, que dificulta la entrada de nuevos actores en escena retrasando de este modo la regeneración política y la  innovación, dismuniyendo la diversidad de voces, deformando la representación por el efecto del llamado voto útil. Vivimos tiempos de cambio acelerado, propia del declive de la civilización industrial y de la emergencia de la civilización de la información. En estos tiempo la creatividad y la  innovación son necesarias en todas las esferas de la vida social, cultural, económica. Y también en la política. 

La actual ley electoral, además de injusta es rígida a los cambios. Lejos de favorecer la emergencia de nuevos actores que aporten innovación la dificultan y retrasan, justo cuando más necesario es. Es injusta porque no otorga igualdad de condiciones de partida ni a nivel económico, ni de espacio en los medios públicos de comunicación. De hecho prácticamente invisibiliza en los medios públicos a los partidos que carecen previamente de representación parlamentaria, lo que siempre ocurre con quién concurre por primera vez. Es injusta también porque deforma doblemente la representación de la voluntad popular. La primera deformación se produce en el momento de la votación. Esta queda condicionada por las propias reglas de juego. El llamado voto útil nos lleva a muchos ciudadanos a votar a opciones que no son las que más nos representan, con las que más empatizamos, sino aquellas que en segunda opción cuentan con mayor posibilidad de obtener representación con las reglas actuales. Muchos ciudadanos votan a opciones con las que no concuerdan para frenar a otras peores. En Andalucía había un temor fundado a un gobierno del PP que nos llevara hacia atrás en derechos sociales, en políticas ambientales y económicas. No nos podíamos permitir un cambio hacia atrás. Y para frenarlo, con las reglas de juego actuales, las opciones de voto útil eran PSOE e IU. Pese al evidente desgaste y agotamiento de discurso e ideas del PSOE tras 30 años de gobierno, pese a que el 75% de los electores estaban de acuerdo en la necesidad de un cambio de gobierno, el voto al PSOE ha sido considerado la opción más útil para frenar al PP. Y con la misma lógica, el voto a IU ha sido la opción más útil para romper el bipartidismo.

¿Qué resultado habría arrojado una votación en la que bastase algo menos de 1% para obtener representación en un parlamento de 109 escaños? No lo sabemos, porque las reglas de juego afectan al propio resultado de la votación. Pero con un suelo semejante sin duda el parlamento hubiera sido multiculor, plural, con más voces, entre ellas las de EQUO. Y todos hubiéramos ganado. Esa es la primera deformación que generan estas reglas: no nos permiten saber cuáles son las primeras opciones de los ciudadanos. Los resultados reflejan muchos votos en segunda opción, muchos votos útiles para decir mejor este que este otro aunque no me identique ni con este ni con este otro. La segunda deformación se produce una vez se reparten los escaños. Partidos como PP, PSOE, PA, UPYD, … no obtienen en estas elecciones los escaños que les corresponderían en proporción. PP y PSOE obtienen entre 3 y 7 escaños más de los que les corresponderían mientras UPYD y PA quedan fuera cuando a cada uno les correspondería con un sistema proporcional puro 3 y 2 escaños respectivamente.

Una ley electoral justa debería y podría basarse en los siguientes principios. Primero, principio de equidad representativa, de modo que cada partido obtuviera en tantos escaños como le correspondieran en el cómputo global del ámbito de la elección (autonómica o estatal), suprimiendo un suelo mínimo para comenzar el reparto de escaños. Segundo, principio de proximidad entre entre representantes y representados, con circunscripciones provinciales .

Para ello la fórmula pasa por repartir los escaños atendiendo tanto a los votos obtenidos en cada circunscripción provincial, para asegurar el principio de representación territorial y  proximidad entre electores y representantes, como a nivel de circunscripción global (autonómica como estatal) para corregir los resultados de la circunscripción provincial y garantizar que cada partido obtenga el número de escaños que le corresponde en el cómputo global de forma proporcional al porcentaje global de votos emitidos.

Hay una demanda social de una democracia más representativa y participativa. La reforma de la ley electoral es hoy la llave para avanzar hacia ella. Técnicamente es posible resolverlo, tal y como ha puesto sobre la mesa el grupo de investigación GIME de la Universidad de Granada. Solo falta la voluntad política para hacerlo. Vamos a trabajar para que ello sea posible.