Hacia otra política de vivienda

(Artículo publicado en NOTON nº7. Otoño 2012.)

En un contexto de paro masivo y recortes salariales cada vez más familias no pueden hacer frente a sus hipotecas. Quinientas diecisiete familias al día son desahuciadas por iniciativa de los bancos y pasan bruscamente de estar incluidas en la sociedad a verse en una situación de extrema vulnerabilidad. A la pérdida de sus casas se suma la injusta carga de mantener una deuda con el banco por la mitad del valor por el que éste tasara su vivienda. La suma de miles de estas situaciones y el fracaso de multitud de promociones de viviendas en todas sus fases ha convertido a los bancos en la mayor inmobiliaria del país. Son propietarios de una de cada cuatro viviendas sin vender. Pero la pérdida de valor de este patrimonio inmobiliario estropea sus balances y suscita dudas en los mercados financieros que les cierran el grifo de los créditos. El anunciado rescate financiero de estos bancos, que acumulan 175.000 millones de euros en productos inmobiliarios desvalorizados o de dudoso valor, trae como condición, para mayor escarnio, la creación de un banco público malo que se haga cargo de todo lo que los bancos tienen y no quieren porque lastra su actividad. La adquisición de estos activos, llamados tóxicos, por el estado supondrá un incremento de la deuda pública por el mismo valor de esos activos. Y tras la modificación constitucional aprobada conjuntamente por socialistas y conservadores, devolver la deuda es prioridad sobre cualquier otra política de gasto. Es decir, el rescate traerá consigo mayores y  más drásticos recortes. El contraste entre el abandono a su suerte de los desahuciados y los rescates millonarios a los bancos que se han quedado con sus casas y han provocado la crisis es una de las mayores fuentes de indignación social.

Ante este panorama, la autoorganización de grupos de desahuciados, con apoyo del movimiento de del 15M de Sevilla, para ocupar viviendas en poder de los bancos ha puesto el dedo en la llaga. La Corrala La Utopía y la Corrala La Alegría han suscitado un encendido debate social.  Las familias desahuciadas que ocupan las corralas declaran que quieren pagar un alquiler social. Estamos ante un acto político que desafía a los gobernantes y que está retratando a la sociedad sevillana. Da escalofríos comprobar la enorme incapacidad para ponerse en el lugar del otro, la falta de sensibilidad y de solidaridad que  muestran buena parte de quiénes escriben comentando la noticia publicada el día 31 de agosto en el Diario de Sevilla. Es una muestra más de la peligrosa falta de cohesión social y consiguiente fragmentación de la población que sufre la crisis.

La actual crisis de la vivienda no es casual, es el resultado directo de las políticas neoliberales impulsadas en España desde los gobiernos de Felipe González, con la liberalización de los contratos de alquiler de la Ley Boyer y la liberalización del suelo impulsada por el gobierno Aznar. La justificación de que ambas medidas producirían una bajada de los precios de la vivienda que la haría accesible no ha podido verse más desmentida por los  hechos. Desde 1994 hasta 2008 los precios de la vivienda se han incrementado en un 343% en Sevilla, valor muy superior al 155 % en que ha subido el índice de precios al consumo, referencia para la subida de los salarios. El incremento en los precios del alquiler y la inseguridad de los arrendatarios ha provocado que en España hayamos pasado de tener un 50% de viviendas en alquiler, a comienzos de la transición, a tener sólo el 7.2% lo que constituye una anomalía en Europa. Al mismo tiempo tenemos 4.000.0000 de viviendas vacías de las cuáles aproximadamente 1.000.000 forman parte del stock de viviendas nuevas sin vender. Equivale justamente a todas las viviendas construidas desde 2001. El resultado de estas políticas ha sido un rotundo fracaso. Pero la realidad es que el objetivo de esas políticas nunca fue, principalmente, resolver el problema de la vivienda sino impulsar el mercado inmobiliario haciéndolo atractivo a los inversores. Y eso sí que lo consiguieron aunque el ulterior estallido de la burbuja inmobiliaria nos haya traído a la situación económica actual. Si analizamos las medidas que plantea el nuevo gobierno popular con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos vemos que las motivaciones declaradas vuelven a ser las mismas, favorecer el mercado de alquiler de viviendas en España para hacerlo más accesible a la gente. Pero un mínimo análisis de las medidas previstas nos hace ver que sólo pretenden estimular el mercado inmobiliario ¿Cómo? Dando una nueva vuelta de tuerca a la liberalización de los contratos de alquiler acortando su duración, desvinculándolo su actualización de la subida del IPC, con incentivos fiscales a los inversores extranjeros y agilizando los desahucios con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El gobierno pretende crear condiciones atractivas para que grupos inmobiliarios extranjeros se hagan a precio de saldo con el paquete inmobiliario que el estado adquirirá a los bancos. Es una política que va justamente en dirección opuesta a la que necesitamos para hacer frente a la crisis de la vivienda, entendida como la brecha entre la oferta y la demanda creada por el mercado y cuya consecuencia visible es que tengamos tanta gente sin casa y tantas casas sin gente.

Ante esta situación es posible plantear alternativas centradas en hacer efectivo el derecho a la vivienda, mejorando la habitabilidad y la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestras casas y barrios. Y es posible hacerlo, además, a coste casi cero. Para ello la primera premisa de la que debemos partir es la de que ya tenemos construidas las viviendas que necesitamos. Lo que necesitamos es poner en uso el mayor número posible de las 800.000 viviendas vacías que tenemos en Andalucía. Y para ello necesitamos saber dónde están, de quién son, qué características tienen y en qué estado se encuentran. Gran parte han sido concebidas como segunda vivienda y no están en dónde hacen falta. Por tanto el primer paso tendría que ser poner en marcha de forma inmediata el Observatorio de la Vivienda que prevé la Ley de Vivienda de Andalucía. En segundo lugar, tenemos que poner en marcha una política de incentivo del alquiler de vivienda a precio social, nunca superior al 25% de los ingresos. Esto va en dirección opuesta a la liberalización: es preciso regular el precio del alquiler. Las viviendas vacías no sólo no cumplen su función social, ser habitadas, sino que no reportan ninguna renta a sus propietarios por lo que si se ponen en alquiler social ganan tanto los que precisan una vivienda como los que la tienen y no la ponen en uso. Para la puesta en alquiler de estas viviendas a precio social dos son las vías que podría impulsar la Junta de Andalucía: las empresas públicas de vivienda y la creación de cooperativas de viviendas en régimen de alquiler. Los propietarios de las viviendas gestionadas por estas vías recibirían el producto de la renta, una vez descontados los gastos de gestión. Y las empresas públicas y las cooperativas mediarían entre propietarios e inquilinos y crearían las necesarias garantías de buen uso, pago de alquileres y  mantenimiento. Los precedentes tanto nacionales como internacionales de dar paso a la autogestión colectiva de la vivienda dan mucho mejor resultado en cuanto a pago de rentas, mantenimiento y condiciones de convivencia. Las cooperativas de vivienda son escuelas de ciudadanía, muy en el espíritu que ha impulsado a las corralas La Utopía y La Alegría. En tercer lugar habría que poner en marcha un ambicioso plan de rehabilitación de todo el parque de viviendas para mejorar sus condiciones de habitabilidad y su autosuficiencia energética, combinando medidas de ahorro y de producción de energía. Planes que deberían organizarse barrio a barrio y pueblo a pueblo. Las inversiones necesarias para llevarlo a cabo son retornables y se podrían establecer fondos rotatorios para llevarlas a cabo. Es necesario e incluso obligatorio en el actual marco europeo y tiene dos grandes ventajas sociales y una ambiental: mejora la calidad de vida, genera empleo y reduce nuestra huella de carbono y nuestra huella ecológica.

Esta política de vivienda sería una pieza que precisa complementarse con otras dos que desarrollaré en otros artículos: una política de promoción y reparto del empleo y una política de renta básica universal, que garanticen a toda la ciudadanía los recursos necesarios para hacer frente a los gastos de la vivienda.